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CUADERNO DE BITÁCORA
MANIFIESTO
En el último cuarto de siglo la sociedad española ha
experimentado profundas transformaciones sociales
y culturales. Uno de los cambios más significativos
ha sido el proceso de secularización y la aparición
de un pluralismo moral que no admite imposiciones
dogmáticas de ningún tipo en el ámbito de los va-
lores y las normas morales individuales y sociales.
Así, la religión católica que, durante muchos siglos,
fue en España la base de las convicciones morales
de gran parte de la población, ya no es en la actua-
lidad el único referente ético para una mayoría de
los ciudadanos.
El fenómeno del pluralismo moral está unido en
nuestro país al creciente peso de la moral laica y a
la aparición del pluralismo religioso, vinculado, en
gran medida, al creciente fenómeno de la inmigra-
ción. En estas condiciones los viejos privilegios de
la Iglesia Católica pueden conducir a situaciones
absurdas.
Ante estos nuevos fenómenos, la vertebración de
una sociedad laica recobra actualidad, porque el
ideal de la laicidad, como ya se ha demostrado en
otros países, es una garantía de libertad y de inte-
gración democrática de las diversas creencias reli-
giosas y morales que conviven en una sociedad. El
laicismo como filosofía y como movimiento social
sostiene que la libertad de conciencia, la libertad
ideológica y la libertad religiosa son un eje funda-
mental de las leyes democráticas de un país y que
el Estado debe ser neutral en materia religiosa; es
decir, que ninguna religión debe gozar de ningún
trato de favor ni de ningún privilegio (económico, so-
cial, jurídico) en sus relaciones con el poder políti-
co. Esta filosofía política defiende que todos los ciu-
dadanos son iguales ante la ley y que nadie puede
ser discriminado por motivos ideológicos ni religio-
sos. El objetivo de la laicidad es que cada ciudadano
pueda ejercer libremente sus opciones morales,
siendo la neutralidad expresa del Estado el mejor
modo de garantizar una efectiva, e igual, libertad de
conciencia para todos.
Otra aportación importante del modelo de so-
ciedad laica es su positivo significado moral. Muchos
enemigos del laicismo y de la laicidad esgrimen el
argumento de que sus defensores son hostiles y se
dedican al enfrentamiento con la religión; sin em-
bargo el laicismo es, ante todo, una ética ilustrada
que promueve los valores de la libertad, de la igual-
dad y de la justicia entre todos los seres humanos,
con independencia de su adscripción religiosa. Por
eso, la filosofía de la laicidad defiende que en los
países democráticos debe admitirse el pluralismo
desde una perspectiva abierta que integre a todos los
ciudadanos en la sociedad, al amparo de las mismas
leyes y disfrutando de los mismos derechos. El con-
cepto de ciudadanía debe mucho a la filosofía lai-
cista, ya que sostiene la igualdad de trato para to-
dos y la obediencia a unas mismas leyes
democráticas que han sido hechas entre todos y que
obligan a todos por igual. Ser ciudadano es ser su-
jeto de derechos y de obligaciones en el marco de
una convivencia democrática, regulada por el res-
peto a la ley. El origen étnico, cultural o religioso de
cada persona puede y debe quedar integrado en el de-
recho de ciudadanía. Por todo ello, y en consonan-
cia con la perspectiva de un laicismo moderno, con-
sideramos además que éste es un compromiso de
acción social orientado a remover los obstáculos ob-
jetivos, —económicos y culturales—, que impiden
en la práctica el ejercicio de la libertad de con-
ciencia y la autonomía moral.
La Constitución establece el carácter aconfesional,
es decir, laico del Estado español, y de todas sus ins-
tituciones, servicios y centros públicos. Sin embar-
go dicha aconfesionalidad se ve continuamente li-
mitada o perturbada por la permanencia de usos
confesionales de carácter oficial que la contradicen
y sobre todo por la vigencia de los Acuerdos sobre
PLATAFORMA CIUDADANA
POR UNA SOCIEDAD LAICA
Madrid, 20 de septiembre de 2002
http://www.ustea.org/POLITICAEDUC/manifiesto_PlatLaica.htm
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Asuntos Jurídicos, Económicos, Educativos y Cul-
turales de enero del año 1979, firmados como trata-
dos internacionales entre el Estado español y el Va-
ticano y que en consecuencia gozan del carácter de
ley positiva. La mayor parte de los conflictos y pro-
blemas que han saltado últimamente a la opinión pú-
blica, desde los despidos de profesores de religión has-
ta ciertas inversiones realizadas en Gescartera, tienen
su origen en la pervivencia de un sistema concor-
datario históricamente superado y predemocrático de
relación entre la iglesia y el Estado. La vigencia de
tales Acuerdos se ha demostrado en muchos aspec-
tos incompatible con los valores constitucionales,
como es el caso del libre despido que se aplica a los
profesores de religión católica, el establecimiento de
las distintas religiones confesionales como materia
fundamental en los planes de estudio, o el privilegio
de poder obligar a quienes no sigan una asignatura
de religión confesional a realizar actividades acadé-
micas simultáneas, quieran o no quieran, lo que vul-
nera la libertad de elección, de conciencia y reli-
giosa. El Acuerdo sobre Asuntos Económicos, según
sus propios términos, debería haber finalizado ya su
vigencia. Por el contrario, aún estando vigente una
Constitución que no contempla, a diferencia de otras
que si lo contemplaron, la financiación de la Iglesia
por el Estado, la realidad es que el presupuesto
general del Estado sigue incorporando la financia-
ción de la Iglesia, incluida la de miles de profesores
de religión católica, y sin olvidar, que una buena par-
te de las subvenciones asignadas a “otros fines so-
ciales” con cargo al 0,5 del IRPF, también van a pa-
rar a entidades religiosas, por citar sólo algunos
ejemplos.
Por todo ello, las organizaciones firmantes de este
manifiesto con el ánimo de extender a toda la so-
ciedad española un impulso de los valores del lai-
cismo, nos comprometemos a llevar adelante una se-
rie de acciones conjuntas para:
1ª) Reclamar la denuncia de los Acuerdos suscri-
tos entre el Estado español y el Vaticano el 3 de ene-
ro de 1979, especialmente los de Enseñanza y Asun-
tos Culturales, y el de Asuntos Económicos, y su
sustitución, en su caso, por acuerdos de cooperación
con la Iglesia Católica y restantes confesiones en
condiciones de igualdad, conforme a lo previsto en
el artículo 16.3. de la Constitución española, y en
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, sin que di-
chos Acuerdos de Cooperación signifiquen merma
alguna de la aconfesionalidad del Estado, ni adqui-
sición o mantenimiento de situaciones de privilegio
de ningún género por ninguna de las Confesiones
Religiosas.
2ª) Garantizar legalmente, la libertad de con-
ciencia y religión, y aplicar la aconfesionalidad del
Estado, para lo que resulta necesario promulgar,
como desarrollo de aspectos sustanciales de nuestra
Constitución, un Estatuto de Laicidad, que garanti-
ce la neutralidad ideológica y religiosa en el fun-
cionamiento de las instituciones, establecimientos,
centros y servicios públicos, incluidos los concerta-
dos que dependan del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de los Entes Locales (universidades,
centros escolares, hospitales, servicios asistenciales,
de ocio o de acogida, infantiles, de la mujer o de ter-
cera edad, centros penitenciarios, cuarteles de las
Fuerzas Armadas o de seguridad, etc...). En todos
ellos, ningún ciudadano podrá ser discriminado,
positiva o negativamente, en razón de sus creencias,
ni se podrán realizar actividades de proselitismo. La
asistencia religiosa y/o moral que demanden los ciu-
dadanos usuarios de tales centros o servicios podrá
realizarse respetando el principio de aconfesionali-
dad que deberá regir la actuación del centro, servi-
cio o institución pública, y la designación de sus em-
pleados y órganos de gobierno.
3ª) Exigir que la asignatura de religión confesio-
nal salga de la escuela pública y reivindicar la in-
troducción en el curriculum de la enseñanza Prima-
ria y Secundaria de una educación ético-cívica común
y obligatoria para todos los alumnos, como medio
para garantizar un adecuado conocimiento y una
práctica real de los valores y normas morales propios
de las sociedades democráticas, tales como la liber-
tad, la igualdad y la solidaridad. Asimismo, es pre-
ciso fomentar la participación escolar como el mejor
instrumento práctico para lograr esta educación éti-
co-cívica de los alumnos.
4ª) Reivindicar la supresión de la Disposición Adi-
cional 2ª del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de
la Enseñanza por cuanto pretende establecer el
Área o Asignatura obligatoria de Sociedad, Cultura
y Religión, con dos versiones, una confesional que
en realidad incluye la clase de religión, y otra acon-
fesional y obligatoria para los que no asistan a cla-
se de religión confesional.