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Agradecimientos
A la Escuela Abolicionista Internacional. También
a Nuria González (abogada y experta en el análisis
jurídico de la gestación subrogada), por su aportación
profesional y divulgativa al debate feminista sobre los
vientres de alquiler. Y a los revisores que han sugerido
mejoras a este artículo, aportando su valiosa retroali-
mentación. Obviamente, los errores, omisiones y ses-
gos de interpretación y/o enfoque son del autor.
Preámbulo
Este artículo es una crítica a una investigación pu-
blicada en una revista especializada (Rodríguez-Jau-
me et al., 2023) sobre la cuestión de la gestación su
-
brogada (GS) y que otras revistas académicas se han
negado a revisar y/o publicar.
Este texto, por tanto, trata un tema de ética cien-
tífica que recoge una posición muy amplia (pero no
única) dentro del feminismo sobre la gestación subro
-
gada que imbrica los derechos humanos con la tec-
nología (Cohen, 2019). Es un análisis no «neutral»,
con una posición política y social comprometida en la
lucha feminista contra la desinformación y la pseudo-
ciencia, porque «si pudiera existir una ciencia social
que prescindiese por completo de los valores sería,
casi con seguridad, monstruosamente inhumana; en
cuanto a las que pretenden ocultar los valores en los
que se apoyan, llevan a cabo una doble traición» (Mi-
llett, 1995: 387). Para lo cual desvelamos, entre otros,
el mito de la gestación altruista, entendida como si
solo fuera una mera técnica de reproducción humana,
políticamente neutral.
En cualquier caso, no nos interesan aquí tanto las
circunstancias singulares y el carácter minoritario y
legal de una eventual GS altruista como la dimensión
patriarcal y capitalista (Greenbaum, 2020) de un mer
-
cado mundial de vientres de alquiler que se espera
se multiplique por diez y supere en esta década los
100 mil millones de dólares (Global Market Insights,
2022) y en el que la capacidad de gestar de las muje
-
res es una mercancía más regida por la ley de la oferta
y la demanda, aunque ello suponga una clara vulne-
ración de los derechos de las mujeres y los menores
sometidos a explotación y tráfico humano.
Derechos humanos y negocio de los vientres de
alquiler
El diccionario de la RAE da una definición médica
de la gestación subrogada como el «embarazo en que
una mujer gesta un embrión ajeno». Curiosamente es
la misma definición que da para el término de
vientres
de alquiler
, concepto económico y no médico, al que
solo añade su posible uso de forma despectiva o con
connotaciones negativas.
De acuerdo con el
Comunicado Internacional
contra la práctica del alquiler de vientres
(VV. AA.,
2018, punto 8):
La industria del alquiler de vientres está presio-
Explotación reproductiva
de las mujeres
J. Agustín Franco Martínez
Universidad de Extremadura
Lo cierto es que la gestación subrogada exige que se relea en clave capitalista lo que no es
sino un lazo afectivo al que, especialmente las mujeres, hemos atribuido un sentido que
nada tiene que ver con la dinámica del mercado.
(Rodríguez Palop, 2021)
Entre la tecnología y la mercantilización de los derechos
humanos: Negocio, desinformación, posverdad y pseudo-
ciencia sobre los vientres de alquiler y el mito «altruista»
Cuando la ciencia no funciona
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nando a representantes de gobiernos de todo el mun
-
do y de Naciones Unidas para legalizar esta práctica.
Detrás de estas presiones hay puramente intereses
económicos y empresariales que pretenden que se
considere el alquiler de vientres como una mera «téc-
nica de reproducción asistida» y una cuestión sobre
la «libre elección» de las mujeres, obviando los ries-
gos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las
mujeres que alquilan su vientre
De hecho, Tailandia, India y Nepal han prohibido
esta práctica por las denuncias de explotación en las
«granjas de mujeres» (Simón, 2023). Y en el mismo
sentido de rechazo y prohibición se han pronunciado
las normas del Derecho Internacional, la legislación
europea o la normativa española, si bien hay un
con-
tinuum
de enfoques legales que van desde la crimina-
lización de la práctica hasta la aprobación judicial y
reglamentación de los contratos (Cohen, 2019).
Es por todo ello que, por ejemplo, se regula la do-
nación de órganos o la adopción de niños, para no
convertir al ser humano en objeto de lucro. Y es preci-
samente la donación solidaria de la capacidad repro-
ductiva la vía de escape que se utiliza para promover
la aceptación social de la GS como altruista, sortean-
do así la legislación garantista de derechos humanos
en esta materia y poniendo en riesgo a las mujeres
más vulnerables (Greenbaum, 2020).
Sin embargo, si es una donación como otras, ¿por
qué no se hacen campañas sanitarias masivas a la so-
ciedad, en particular a mujeres jóvenes, sanas y en
edad fértil, para donar la capacidad gestacional de su
útero —para que otras personas puedan tener hijos—
y disponer de este modo de un registro público de do-
nantes «altruistas» que palíe la supuestamente nece-
saria y urgente demanda sanitaria de úteros-vasija y
bebés a la carta?
En particular, la denominada gestación «altruista»,
voluntaria y sin lucro está regulada en varios países.
Sin embargo, siguiendo a Rodríguez Palop (2021):
«¿Es cierto que la donación está “fuera del mercado”?
Allí donde está regulada, el coste de la donación “al-
truista” oscila entre los 45 000 y los 60 000 euros, de
manera que sigue siendo un espacio al que solo pue-
den acceder algunos [privilegiados]».
Además, para que una conducta sea altruista deben
darse ciertos requisitos, teniendo en cuenta que no es
fácil identificar el altruismo porque no es directamen
-
te visible y solo se identifica de manera indirecta a tra
-
vés del estudio de tres pilares básicos (Gaviria, 1999):
donante, el contexto y las motivaciones. Y todo esto
falla en la consideración de la «GS altruista», más
oxímoron o
contradictio in terminis
que definición
exacta de una realidad.
Hay dos razones básicas para cuestionar la posi-
ble donación altruista de la capacidad reproductora.
Primero, no se cumplen los dos pasos previos para
la toma de una decisión altruista (Darley y Latané,
1968), que son la identificación de un problema y la
Imagen de Tumisu en Pixabay
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urgencia para solucionarlo. Que una pareja no tenga
hijos no es un problema ni hay emergencia para que
los tenga desde la óptica de la persona potencialmente
donante, esto es, dispuesta a ayudar. Y segundo, aun-
que admitamos alguna situación singular en que esto
suceda, hay otro escollo insalvable, la toma de la de-
cisión de donar y la solución que implica involucran a
un tercero (el gestado) al que nadie pide opinión.
Adicionalmente, en el ámbito de las motivaciones
para el altruismo hay numerosos prejuicios y sesgos
cognitivos, muchos inherentes al proceso evolutivo
del ser humano, que hacen difícil, si no imposible,
considerar como altruista la GS. De hecho, una apa-
rente conducta altruista puede ser
de facto
una inver-
sión al estilo financiero (esperando una recompensa
no monetaria en el futuro), o una transacción comer
-
cial donde el pago no es en forma de dinero sino de
tipo moral o emocional, mediante la adquisición de
una satisfacción mental presente o futura que se de-
riva de vivir una experiencia positiva de empatía con
quienes no pueden tener hijos y los quieren tener.
En cualquier caso, insistimos, no nos interesan aquí
tanto las circunstancias singulares y el carácter mino-
ritario de una eventual GS altruista como la dimen-
sión de un mercado mundial en el que la capacidad de
gestar de las mujeres es una mercancía más regida por
la ley de la oferta y la demanda. Ya que lo relevante es
que «la gestación “altruista” sigue siendo una forma
de sustituir la norma parental de los afectos por la que
rige el tráfico comercial (haya o no haya intercambio
monetario) porque en lugar de desmercantilizar y de
someter la lógica productiva a la reproductiva, llevan-
do al ámbito público la cultura de los cuidados, por
ejemplo, lo que hace es someter la reproducción a las
dinámicas productivas» (Rodríguez Palop, 2021).
Así, por ejemplo, la publicación en la revista so-
ciológica
REIS
(182, 2023) de los resultados de la
encuesta
Adopacogest (2018) sobre la
Opinión y ac-
titud de la población española frente a la adopción, el
acogimiento y la gestación por sustitución
, analizados
por Rodríguez-Jaume et al. (2023), muestra algunas
consideraciones de interés respecto a la manipulación
de la opinión pública y el auge de la mercantilización
del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. En con-
creto, la ocultación del negocio y la falsa neutralidad
de la GS —como constructo de análisis científico— y
las hipotéticas preferencias (no lucrativas) de la socie
-
dad española por tal modelo mercantil de explotación
reproductiva de las mujeres (ERM), sin diagnosticar
lo que realmente sucede: un alquiler de vientres de
mujeres para gestar embriones ajenos. Esto es, despo-
litizando el análisis.
La encuesta
Adopacogest
(acrónimo metaconcep-
tual que asimila la adopción, la acogida y la gesta-
ción) se realizó en plena ola de interés público por una
iniciativa política en el parlamento español a favor de
legalizar la GS, que agitó la desinformación, la moda,
el debate parcial y el interés sesgado de los medios de
comunicación (Emakunde, 2018).
Y sin mencionar en ningún momento en tal encues-
ta, entre otras cosas, la trata de menores que implica
recurrir a la GS en un sistema económico mundial
neoliberal y patriarcal, la cual es normalmente practi-
cada en otros países para luego inscribirlos como hi-
jos propios en los países de origen de los compradores
de bebés a la carta («padres de intención», según la
neolengua de la industria). Por lo que aquí defende
-
mos que es justo, por rigor científico, denunciar los
eufemismos y las pretensiones del
lobby
académico y
mediático favorable a la industria del alquiler de vien-
tres y la trata de menores por GS, aunque lo presen-
ten como altruista o con otras denominaciones más
«técnicas», «neutras», «biológicas» o «asépticas», sin
ninguna aparente connotación ética, política o social
ni cuestionamiento científico.
Los sesgos de la encuesta
Adopacogest
Sorprenden varias cosas de los resultados publica-
dos por Rodríguez-Jaume et al. (2023), no siendo la
eventual falta de ética de dicha encuesta el mayor de
Pretenden que se considere el alquiler
de vientres como una mera «técnica de
reproducción asistida» y una cuestión sobre
la «libre elección» de las mujeres
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sus problemas (el cual es bastante grande, al incluir
la GS como un método más, al mismo nivel que la
adopción y el acogimiento). Y es que, si nos ceñimos
a lo meramente técnico y metodológico, tampoco se
salva de numerosos errores y excesos interpretativos,
empezando por circunscribir acríticamente el tema de
la explotación reproductiva de las mujeres a una cues-
tión técnica, de «técnica de reproducción asistida»
(TRA), obviando las relaciones sociales y de derechos
humanos que implica. Algo así como llamar a los que
matan en una guerra como el resultado de un «me-
canismo quirúrgico invasivo de ajuste poblacional».
Esto es, utilizar un lenguaje técnico, supuestamente
neutral y riguroso, para despolitizar un problema de
ética y derechos humanos.
Este sesgo metodológico en la investigación so-
bre la encuesta
Adopacogest
es mencionado tími-
damente al reconocer los límites «de enfoques de
investigación descontextualizados», «pues, si bien
el cuestionario ofrecía una definición de GS, esta no
contemplaba ni los diversos contextos en los que se
producen los acuerdos de subrogación ni tampoco
los argumentos que sustentan los posicionamientos
contrarios y favorables a esta práctica» (Rodríguez-
Jaume et al., 2023: 132-133). Esta circunstancia, no
menor, nos aproxima hacia una valoración sobre el
dudoso rigor y carácter tendencioso de la encuesta y
de los resultados de ella derivados. Haciendo presu-
poner a los encuestados que más o menos se les estaba
planteando una elección aséptica, libre, legítima, soli-
daria, sin riesgo y conforme a los derechos humanos,
aunque ilegal (¿por qué?) en España. Por lo que, en
tal contexto manipulado, no es raro que los resultados
sean favorables a la GS e incluso identificados como
propios de una sociedad avanzada y progresista.
Todo ello sin subrayar el hecho de que más del
90 % de los encuestados declara no utilizar las TRA.
De lo que curiosamente —y por arte de magia— se
acaba deduciendo un creciente y claro interés de la
sociedad española por la legalización de la GS. Extra-
ña conclusión. Aspecto que con toda probabilidad se
hubiera visto matizado de haber incorporado una con-
textualización de la problemática relacionada con la
explotación reproductiva de las mujeres y del negocio
de los vientres de alquiler existente alrededor de él.
Si bien Rodríguez-Jaume et al. (2023) tienen en
cuenta el carácter controvertido y polémico de la GS
(mencionado levemente en la revisión de la literatu-
ra), este queda reducido paradójicamente a un tema
de intolerancia y de modelos antiguos de familia fren-
te a los también paradójicamente denominados como
modelos de familia «igualitaria» (¿progresista?), los
cuales no define.
Adicionalmente, se asegura en varias ocasiones
que la muestra analizada es representativa de la po-
blación española, si bien acaba concluyendo que los
resultados son válidos solo para el grupo poblacional
de estudio: «La
muestra encuestada
aceptaría recu-
rrir a cualquiera de las opciones planteadas en el caso
de un diagnóstico de infertilidad» (Rodríguez-Jaume
et al., 2023: 133. Subrayado en negrita propio). Resul
-
tado lógico, por otro lado, a la vista del modo
aséptico
y
neutral
en que se ha presentado a los encuestados
el fenómeno descontextualizado de los vientres de al-
quiler y la trata de menores por medio de la GS, ligado
exclusivamente a un tema de elección individual.
Se obvia así el análisis de De Miguel (2015) sobre
la prostitución y el mito de la libre elección, que es
fácilmente extrapolable aquí, en la medida que la GS
no es más que otra forma de explotación sexual de las
mujeres, en este caso, de su capacidad reproductiva.
Dicho lo cual, la interpretación de los datos por-
centuales obtenidos es parcialmente correcta, porque,
aunque se ofrecen en forma de horquilla de valores
(de acuerdo con Blasco, 2011), luego no se comentan
de la misma forma. Así, por ejemplo, ya no serían tan
marginales los porcentajes de quienes no están cla-
ramente a favor de la GS, pues oscilaría en su tramo
superior hasta el 46 %. De hecho, en su tramo supe-
rior, hasta el 50 % no aceptaría recurrir a la GS para
solucionar sus problemas de infertilidad.
Como afirma Blasco (2011: 49): «Frecuentemen
-
te se tiene la falsa impresión de que el verdadero va-
lor está por el centro del intervalo de confianza, pero
esto no tiene por qué ser así. Si repetimos infinitas
veces un experimento tendremos infinitos intervalos
de confianza, de los que el 95 % contendrán al valor
verdadero no sabemos dónde, a veces por el centro y
a veces en un extremo».
Sin destacar el hecho de la sobrerrepresentación
muestral de quienes se identifican como «no religio
-
sos», que el propio artículo asume cautamente como
«probable» limitación de su estudio (Rodríguez-Jau-
me et al., 2023: 133): «Es probable que los resultados
presentados subestimen la magnitud explicativa de la
variable identificación religiosa dado que, mientras
en el estudio tomado como referencia en la ponde-
ración (CIS, 2018), el 28,5 % se identificó como “no
religioso”, en nuestro estudio representan el 41,2 %
de la muestra». Es decir, 12,7 puntos porcentuales
mayor, casi 1,5 veces más. Circunstancia que luego
le permite concluir, sesgadamente, sobre el perfil su
-
puestamente no religioso de los que se muestran más
favorables a la GS.
Por lo que deducir, en definitiva, de tales datos
una normalización de la GS en la sociedad española
es mucho suponer e ir más lejos de lo que dicen los
datos. De hecho, no hace falta ser religioso para estar
en contra de la GS. Incluso serlo puede ir mucho más
a favor de la permisividad hacia la violencia contra
la mujer que no serlo, como lo muestran el carácter
religioso de la prostitución y la pornografía (Franco,
2022).
Y es que, para que la muestra fuera realmente sig-
nificativa a nivel autonómico (para un error muestral
del 5 %), debería contar con al menos un 25 % más
de encuestados, dado que para poblaciones superiores
a cien mil individuos la representatividad se alcanza
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con más de 300 encuestados. Por lo que, multiplican-
do por 17 comunidades autónomas (dejando fuera a
Ceuta y Melilla, que por población podrían conside-
rarse juntas como otra autonomía), nos arrojaría más
de cinco mil encuestas, frente a las 3752 de
Adopa
-
cogest
.
No obstante, aunque la muestra fuera representativa
a nivel autonómico, con un error muestral mayor, la
representatividad se perdería a nivel provincial si no
se mantiene la proporcionalidad. Algo que, por ejem-
plo, ocurre con los porcentajes según nacionalidad:
en la encuesta solo menos del 2 % son extranjeros,
cuando en 2018 la población extranjera era alrededor
de cinco veces más.
De la misma manera, deben considerarse con cau-
tela los resultados respecto a la población homosexual
(un 7 % de la muestra), cuyos porcentajes favorables
a la GS multiplican por 4 los de la población hete-
rosexual. Es mucho suponer para una submuestra de
260 individuos, de los que además no sabemos si su
procedencia territorial es proporcional a la población
homosexual en España. Sin señalar que hay un con-
flicto de derechos entre las parejas del mismo sexo
que acceden a servicios de subrogación y las poten-
ciales mujeres (vulnerables) que se someten a dicha
técnica reproductiva (Greenbaum, 2020). De hecho,
hay clínicas de vientres de alquiler que rechazan ges-
tar para parejas homosexuales (quizá más por razones
morales y religiosas que de derechos humanos):
Aquí no damos bebés a mujeres que no los tienen
ellas mismas porque, por ejemplo, no quieren estro-
pearse el cuerpo o cosas así. Solo se los entregamos
a aquellas parejas conformadas por un hombre y una
mujer, casados, que demuestren que no pueden tener
hijos. No lo hacemos, como otros países, a parejas
homosexuales
(citado en Simón, 2023).
Se observan también evidentes sesgos de falta de
proporcionalidad (respecto a la población española
objeto de estudio), no solo en cuanto a las variables
de condición religiosa o no religiosa, sino también
respecto a las de ideología política. Si bien reconocen
estas limitaciones en ambas variables, no es suficiente
el escaso alcance que les atribuyen, pues de su análisis
no se puede concluir que no haya diferencias signifi
-
cativas intragrupos entre los distintos grupos sociales
clasificados según religión y según ideología política.
Y es que, como cualquier estudiante de estadística
sabe, y como ocurría con la submuestra de población
homosexual, conforme se empieza a fragmentar la
muestra se empieza también a perder representativi-
dad estadística.
Es poco creíble, además, que una opinión pública
informada considere la mercantilización del cuerpo
de las mujeres como una práctica tolerable. Ignorando
además el peso sociológico del movimiento feminista
en la denuncia de toda explotación sexual y reproduc-
tiva de las mujeres, especialmente en la época en que
se recabaron los datos, año 2018, el mismo año de la
celebración de la 73ª sesión de la Asamblea General
de la ONU (18/09/2018), época en la que numerosas
organizaciones feministas se movilizaron a través del
Comunicado Internacional contra la práctica del al-
quiler de vientres
(VV. AA., 2018).
La propia definición de GS que se ofrece a los en
-
cuestados (recogida extrañamente en una nota al pie
en el artículo de Rodríguez-Jaume et al., 2023) es ten
-
denciosa, en cuanto que no hace referencia a lo que
realmente es, alquiler de vientres, un tipo de explo-
tación de la mujer, una vulneración de los DD. HH.
de las mujeres y la infancia (Nuño, 2017; Emakunde,
2018; González, 2021).
Incorporando además desinformación y falsas
ideas, como la de que «la gestante solo participa con
la gestación, es decir, no tendrá vínculo genético con
el bebé». Algo completamente falso, puesto que a las
madres de alquiler también se las selecciona «por sus
características físicas e intelectuales», lo que es para-
dójico «si tenemos en cuenta que los defensores de los
Si es una donación como otras, ¿por qué
no se hacen campañas sanitarias masivas
a la sociedad, en particular a mujeres jó-
venes, sanas y en edad fértil, para donar la
capacidad gestacional de su útero?
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vientres de alquiler sostienen que la madre gestante
no aporta absolutamente nada al hijo que va a parir»
(González, 2021: 45). Negando así incluso los víncu
-
los emocionales durante el embarazo y el parto. Más
aún, como denuncia Rodríguez Palop (2021): «”No
es incomprensible que las gestantes sientan cariño por
el bebé, como se puede sentir cariño por el hijo de un
amigo”, han llegado a decir algunas, haciendo uso no
ya del útero de la gestante, sino de su propia estructu-
ra sentimental».
Hurtando además al encuestado que en 2014 el Tri-
bunal Supremo de España «declaró la nulidad de cual-
quier contrato de vientre de alquiler, porque la total
anulación de derechos de una madre sobre su hijo va
contra los derechos humanos de la madre y del hijo y
contra el orden público» (González, 2021: 46). Seña
-
lando sucintamente que esa práctica es ilegal en Espa-
ña (Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Re
-
producción Humana Asistida), lo que de facto implica
decir que se puede hacer fuera de España, especial-
mente desde que se anuló la jurisdicción universal. Y
de hecho una laguna en la ley permite inscribir bebés
concebidos por gestación subrogada en el extranjero
(Parra, 2023):
De acuerdo con los datos publicados por la soció-
loga Ana Trejo, entre 2010 y 2020, los consulados es
-
pañoles recibieron 2856 solicitudes de inscripción de
menores nacidos mediante gestación subrogada. De
estas solicitudes, más de 2500 fueron aceptadas, lo
que representa casi el 88 % de ellas. Probablemente,
el número de casos es más elevado.
Es inadmisible, desde un punto de vista ético y
científico, el uso de la neolengua que utiliza el
lobby
de la industria de los vientres de alquiler para enmas-
carar la realidad de la explotación reproductiva de las
mujeres, procedentes sociológicamente de estratos de
renta baja y muy baja. Como afirma el director médi
-
co de una empresa ucraniana de vientres de alquiler:
«Lógicamente, tienen que ser de lugares más pobres
que los de nuestros clientes. No he conocido a una
sola mujer con una buena situación económica que
haya decidido pasar por este proceso por amabilidad,
porque considere que tiene suficientes hijos y que va
a ayudar a alguien con deseos de tenerlos también. Lo
hacen porque necesitan ese dinero para comprar una
casa, para la educación de sus hijos. Si tienes una bue-
na vida en Europa, no lo vas a hacer» (Simón, 2023).
De hecho, el mito de la gestación «altruista» es la
vía de escape para salvar la jurisprudencia contraria a
los vientres de alquiler, como discute bien Rodríguez
Palop (2021):
La cuestión es que este supuesto código ético para
la GS, asociado a un determinado ejercicio de la au-
tonomía privada y del altruismo, y apoyado, en bue-
na parte, en un uso de los términos que induce a la
confusión, sigue planteando muchos problemas, es
-
pecialmente, si no se parte de una plataforma ideoló-
gica profundamente neoliberal.
Imagen de Andrey Popov, http://www.andreypictures.com/
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No se discute tampoco en el artículo de Rodríguez-
Jaume et al. (2023) la diferencia entre deseo y dere
-
cho. Puesto que alguien puede tener el deseo de te-
ner descendencia, pero eso no implica el derecho a
tenerla (Balaguer, 2017). Se relega así, de hecho, el
problema con los derechos humanos que plantea la
eufemísticamente llamada
gestación subrogada
. An-
tes al contrario, parece sugerirse que, si la tecnología
lo permite, el derecho existe. Inclusive, se enmarca la
problemática al inicio del artículo en debates religio-
sos y científico-técnicos, pero no en el ámbito de los
derechos humanos.
Se extrapolan resultados de manera tendenciosa y
fraudulenta sobre la supuesta opinión pública españo-
la, para una realidad que en cifras globales no abarca
a más del 7 % de los países (en términos de estudios
sociológicos, 13 países, según reflejan los propios au
-
tores) y a menos del 0,05 % (respecto de la población
española total) de personas sometidas a trata por GS,
lo que demostraría el interés de la industria del alqui-
ler de vientres en legalizar su actividad y así expandir
su negocio en el mercado mundial.
En conclusión
El estudio de Rodríguez-Jaume et al. (2023) es
cuando menos deficiente teórica y metodológicamen
-
te hablando. En definitiva, carente de marco teórico,
desprovisto de diálogo con el análisis feminista res-
pecto a la explotación reproductiva de las mujeres, y
profundamente sesgado por su alineación acrítica con
el posmodernismo, al que supuestamente presenta en
todo momento como un estadio social (más) avan
-
zado. Tratando de situarse aparentemente de forma
neutral y equidistante sobre un asunto que divide a la
sociedad e interpretando los resultados de forma ses-
gada hacia los intereses de la industria de la subroga-
ción y contra los derechos humanos de las mujeres y
los menores.
Se ignoran además otros estudios y autores refe-
rentes en la materia en España, como es el caso de
Nuria González (
Vientres de alquiler. La mala gente
),
también Martínez (2019), Armanian (2018), Balaguer
(2017), Puleo (2017), Nuño (2016 y 2017). Incluido
el más de medio centenar de publicaciones académi-
cas y monografías recogido por Emakunde (2018: 92-
108). Así como otros estudios y análisis referenciados
en revistas como
Science
(Cohen, 2019; Greenbaum,
2020).
Y es también bastante dudosa la conceptualización
de la sociedad española como una «cultura familiar
posmoderna», especialmente en un país donde la cul-
tura familista aún tiene un arraigo muy fuerte (Pazos,
2013), lo que todavía condiciona la división sexual
del trabajo y las enormes dificultades de conciliación
de la vida familiar y laboral para las mujeres en pleno
siglo
xxi
.
Así como la comprensión de la maternidad como
«símbolo de la feminidad por excelencia», porque no
es un símbolo, es una realidad biológica. De hecho
la feminidad hegemónica no se define esencialmente
por la maternidad, sino por la sexualidad, tal y como
lo hacen las industrias de la prostitución y de la por-
nografía.
Y es que sugerir que la maternidad es un símbolo
de la feminidad es como poco una valoración super-
flua y acientífica, es como plantear la crítica al sistema
solar porque existen supuestas alternativas tecnológi-
cas para dejar de considerar al Sol como símbolo de la
luminosidad por excelencia de nuestra galaxia. O en
el caso de la Luna, si negamos su poder gravitacional
para condicionar las mareas en la Tierra.
De hecho, en la encuesta y en los resultados se hur-
ta a participantes y lectores el debate sobre el negocio
de los vientres de alquiler, sugiriendo veladamente
que es una práctica altruista, solidaria, voluntaria. Sin
subrayar ni debatir, por tanto, que, según el
Comuni-
cado Internacional contra la práctica del alquiler de
vientres
(VV. AA., 2018, punto 5):
La subrogación «altruista» no existe. No se puede
denominar como «altruista» una práctica que exige
Deducir, en definitiva, de los datos de la
encuesta una normalización de la GS en la
sociedad española es mucho suponer e ir
más lejos de lo que dicen los datos
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la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos
fundamentales y que establece «compensaciones eco-
nómicas». La práctica del alquiler de vientres es más
bien una práctica «mezquina y egoísta» que tiende a
conformar un sistema de «criadas reproductivas» y
convierte a los menores en objetos reproductivos de
compraventa a la carta.
Finalmente, el estudio de Rodríguez-Jaume et al.
(2023) señala sus límites respecto a la no considera
-
ción ni de los tipos de contrato sobre GS ni del debate
razonado y argumentado sobre los vientres de alqui-
ler. Lo cual no es una limitación menor, como pare-
cen sugerir los autores, que en su análisis se orientan
de forma tendenciosa hacia dos ideas progestación:
la aceptación de la explotación reproductiva como
TRA y su legalización, si bien utilizan el eufemismo
de «regulación», puesto que regulado está, de hecho
está prohibido, lo que no está es legalizado, que es al
parecer lo que se pretende analizar.
Incluso concluye con algo que en el artículo no se
estudia en ningún momento: «Los resultados del es-
tudio muestran la normalización entre la población
española de vías alternativas para tener hijos frente a
un diagnóstico de infertilidad. La muestra encuestada
aceptaría recurrir a cualquiera de las opciones plan-
teadas en el caso de un diagnóstico de infertilidad»
(Rodríguez-Jaume et al., 2023: 133).
No solo no estudian las otras opciones (adopción,
acogimiento, fecundación
in vitro
y donación de ma-
terial reproductivo), de mayor preferencia e interés,
sino que se centran en la última, en la menos preferida
y más controvertida, pero también más lucrativa para
el mercado, la GS. Sin señalar en ningún momento,
por ende, los porcentajes de tal diversidad de prefe-
rencias sociales.
En suma, y siguiendo a Balaguer (2017: 22), «la
mercantilización que el Estado Liberal ofrece debe
agotarse en los objetos y mercancías y no puede am-
pliarse a los cuerpos de las personas ni a partes de
ellos». Ni debe tampoco extenderse a la investigación
científica, manipulando los datos y/o su contexto,
sesgando o induciendo a error en las interpretaciones
(conceptuales y empíricas) en función de los intereses
económicos de unos pocos.
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